Indudablemente, la llegada del COVID-19, junto con la globalización y la crisis climática y económica, representan grandes desafíos para todos los países del mundo. Sin embargo, las regiones en desarrollo como América Latina, y especialmente Colombia, han sido especialmente afectadas por estas problemáticas. Esto no solo nos lleva a reflexionar y tomar medidas urgentes para proteger el medio ambiente, sino también a adoptar medidas que aborden la crisis económica, la cual ha generado altas tasas de desempleo y otros efectos negativos. Según un informe de la ONU publicado en febrero de 2023, en América Latina, la tasa de desempleo en 2022 fue del 7,2%, pero factores como la informalidad afectan las perspectivas laborales en la región. Además, la calidad del trabajo no es equitativa y la inflación supera los salarios.
Esta situación se atribuye a una serie de crisis, entre las cuales se destacan la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y el bajo crecimiento económico de los países. Estos factores han afectado los mercados laborales y han llevado a altos niveles de endeudamiento. Según el informe de la agencia laboral de la ONU, los empleos informales han aumentado y representan entre el 40% y el 80% de los nuevos empleos. Esto implica inestabilidad laboral, bajos ingresos y falta de protección social.
Entre los principales efectos económicos de la pandemia se encuentra la suspensión de la actividad productiva en sectores como la educación, el comercio, el turismo, el transporte y la manufactura. Esto ha generado desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza y la pobreza extrema, así como sistemas de salud más costosos y desigualdad en el acceso a la atención médica. A largo plazo, se observa la quiebra de empresas, la reducción de la inversión privada, un bajo crecimiento económico, una menor integración de las cadenas de valor y el deterioro de las capacidades productivas y del capital humano.
Casi el 99% de las empresas en América Latina son micro, pequeñas o medianas (MiPymes) y representan la mayor parte de las empresas en casi todos los sectores de la actividad económica. Estas MiPymes tienen un impacto significativo en el empleo, ya que representaron el 47,1% del total de empleos en 2016 (Naciones Unidas, 2020).
El desarrollo industrial a nivel mundial ha tenido grandes impactos negativos en el medio ambiente. Aunque se han logrado avances a través de acuerdos y convenios internacionales, los recursos no renovables, como los combustibles fósiles, siguen siendo la principal fuente de suministro. Este es solo uno de los ejemplos más representativos.
En el camino hacia el desarrollo económico basado en recursos renovables, los 195 países firmantes del Acuerdo de París tienen la tarea de demostrar avances significativos para 2030, comprometiéndose a mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados y enfrentar los efectos del cambio climático. Sin embargo, esto no ha sido fácil con la llegada del COVID-19.
Organizaciones como las Naciones Unidas indican que, para hacer frente a todas las crisis actuales, es necesario desarrollar una estructura social sólida con capacidad e infraestructura para atender a la población. Es fundamental integrar economías regionales que promuevan una mayor producción y consumo local, así como una mejor adaptación de las cadenas de valor a las condiciones actuales. Esto se puede lograr mediante el fortalecimiento de la economía digital, la implementación de los principios de la economía circular, la automatización de procesos y la revalorización de las capacidades de las personas.
En este sentido, los gobiernos e instituciones desempeñan un papel fundamental, ya que a través de políticas y beneficios que promuevan la sostenibilidad en todas sus dimensiones, se fomenta la inversión en procesos limpios y amigables con el planeta, la descarbonización del sistema energético, la reforestación, entre otros temas. Estos aspectos deben ser liderados por los gobernantes y fortalecidos por el sector privado.
En América Latina, Colombia es uno de los países líderes en avanzar hacia estrategias que promuevan el desarrollo sostenible. La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, establecida en 2011, se orienta a cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo por parte de los diferentes actores de la sociedad en el territorio nacional, y promueve la competitividad empresarial.
Surgen entonces emprendimientos y empresas conocidas como marcas verdes, que fabrican productos a partir de materiales reciclados. Un ejemplo es INDECO, una compañía que fabrica muebles y elementos de decoración utilizando excedentes generados por empresas de energía, como madera y hierro, entre otros.
En conclusión, el mundo ha experimentado cambios drásticos como resultado de la pandemia generada por el COVID-19. Esto ha acelerado las dinámicas sociales, políticas y económicas a nivel mundial, lo que requiere que los gobernantes, las organizaciones y el sector privado se adapten rápidamente a las condiciones actuales. Estas condiciones pueden representar crisis, pero también oportunidades para un crecimiento económico sostenible.
Referencias:
– Campbell, U. (7 de febrero de 2023). El desempleo baja en América Latina pero la incertidumbre perdura en los mercados de trabajo. Recuperado el 13 de junio de 2023, de Noticias ONU website: https://news.un.org/es/story/2023/02/1518417
– Naciones Unidas. (2023). ¿Qué es el Acuerdo de París? Recuperado el 13 de junio de 2023, de Unfccc website: https://unfccc.int/es/most-requested/que-es-el-acuerdo-de-paris
– Li, Z., & Huang, H. (2023). Challenges for volatility forecasts of US fossil energy spot markets during the COVID-19 crisis. International Review of Economics & Finance, 86, 31–45. doi:10.1016/j.iref.2023.02.004
– Naciones Unidas. (2023). América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Recuperado el 13 de junio de 2023